Acerca del dominio público

Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta "La Revoltosa", de Ruperto Chapí, hay un autor que cobra. No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años, ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela: Carlos Fernández Shaw y José López Silva, también muertos. Tampoco sus herederos: esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor. El "compositor" vivo de La Revoltosa, el único que aún cobra derechos, nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase. Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del palacio de Longoria, en la sede de la SGAE en Madrid.

Emilio Casares es el director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE, que se dedica a reeditar y recuperar viejas obras del patrimonio musical español. En la práctica, el ICCMU tiene el monopolio de gran parte de las partituras de las que se nutren las orquestas y los teatros porque es el único que accede a los archivos de la SGAE. Cada vez que una orquesta quiere interpretar alguna obra clásica española, tiene que pasar por sus partituras, que se alquilan para cada función.

El Teatro de la Zarzuela pagó 20.000 euros por La Revoltosa

Casares no sólo tiene a su nombre la partitura de La Revoltosa, de Chapí. También aparece como "autor" -según la propia base de datos de la SGAE, que se puede consultar en Internet- de otras zarzuelas del siglo XIX como "Pan y toros", "Mis dos mujeres" o "Los diamantes de la corona", compuestas por Francisco Barbieri; o "La viejecita", de Manuel Fernández Caballero.

En teoría, todas estas zarzuelas están libres de derechos. Según la ley española, a los 80 años de la muerte del autor, la obra pasa al dominio público. Este plazo de 80 años rige igual para cualquier creación, sea un libro, un drama teatral o una zarzuela. No hay que pagar derechos, por ejemplo, por reeditar a Cervantes o por interpretar una obra de Lope de Vega.

Sin embargo, la ley permite reelaborar versiones sobre obras ya creadas y estas reediciones generan nuevos derechos de autor durante 25 años más. La ley no obliga a que la versión sea muy diferente de la original. Basta con cambiar tres notas, o una simple coma, para que, a efectos legales, sea una obra nueva por la que se puede volver a cobrar.

Por medio de este subterfugio legal, la SGAE sigue recaudando a través de las partituras que elabora el ICCMU por zarzuelas del siglo XIX que ya han pasado al dominio público. También cobran derechos los nuevos "autores": los que firman esas nuevas versiones que, técnicamente, el ICCMU llama "ediciones críticas".

Esta práctica que permite burlar la extinción del derecho de autor no es exclusiva de la SGAE. Sucede algo similar con gran parte del repertorio de ópera. En teoría, las óperas de Rossini o las sinfonías de Mozart son libres. Pero sus partituras no lo son.

Según Emilio Casares, la función del ICCMU no es perpetuar el derecho de autor de estas obras sino permitir que se interpreten: "La zarzuela se tocaba a partir de ediciones de canto y piano, no había ni una partitura de orquesta de zarzuela hasta 1992, cuando hicimos en el instituto la primera". Casares justifica que se cobre derechos de autor por estas ediciones críticas "porque así lo dice el artículo 128 de la ley de la Propiedad Intelectual". "Yo no veo maldad en esa ley, me parece una ley positiva. Creo que es de justicia que se cobren derechos durante 25 años porque recuperar esas partituras es un trabajo de chinos. La edición crítica tiene la misma función que preservar una catedral, o un códice", asegura Casares. Según sus datos, alrededor del 80% de las partituras que recuperan no están en el dominio público. "Negociamos con los herederos para que cedan un porcentaje de entre el 10% y el 20% al instituto, a la editorial y al autor de la edición crítica. En el caso de que sea una obra que estén en el dominio público, el 40% es para la editorial, el 30% para el autor y el 30% para el instituto".

En el caso de La Revoltosa, por ejemplo, el último de sus tres autores en morir fue José López Silva, que falleció en Buenos Aires en 1925. A los 80 años, en el 2005, esta zarzuela pasó a dominio público. La edición crítica de Casares es del año 2006.

Los cambios que incluye esta edición crítica de La Revoltosa son prácticamente indistinguibles del original. Concretamente, Casares suprime las articulaciones de notas picadas en trompetas y trombones del preludio -seis notas en total-, pone entre corchetes tres compases y añade la nota fa a la partitura del oboe en el compás 325. Gran parte de estas modificaciones están ya registradas en la versión de La Revoltosa que grabó el director de orquesta Ataulfo Argenta en 1951. Para cualquier oído, sea experto o no, las diferencias son prácticamente imposibles de encontrar al escuchar la obra.

El 10% de la taquilla

Si Casares hubiese elaborado su edición crítica antes de que La Revoltosa pasase a dominio público, habría tenido que compartir los derechos que generase su adaptación con los herederos de los autores de esta zarzuela. Al hacerlo después, todo lo que recaude esa partitura es para él y para su editor, que es la empresa Arteria Promociones Culturales SL: una de las sociedades con ánimo de lucro del entramado de la SGAE, según figura en el propio archivo de SGAE. "Es un error informático", asegura Casares. "La verdadera editora es la Fundación Autor".

Al año siguiente de que Casares registrase su edición crítica de La Revoltosa, el Teatro de la Zarzuela de Madrid cerró su temporada lírica con la representación de esta obra. Fue durante un mes: del 22 de junio al 22 de julio de 2007. Los herederos de Chapí no vieron un euro de aquella representación. Sí cobraron, mientras tanto, Emilio Casares y la SGAE, a través de su editorial. Según el Ministerio de Cultura, el Teatro de la Zarzuela pagó por La Revoltosa 4.071 euros por el alquiler de las partituras y otros 19.826 euros por los derechos de autor, sólo por estas representaciones.

Los precios por los derechos y las partituras que se pagan por las zarzuelas han provocado quejas, incluso por parte de artistas de renombre, como Montserrat Caballé. "Fuera de España, siempre me gusta incorporar una parte de zarzuela; sin embargo, en muchas ocasiones resulta imposible porque se dice que los impuestos de la SGAE sobre los autores españoles son muy elevados", denunciaba Caballé en una entrevista el año pasado en el diario El Comercio. "Me acaba de ocurrir en el Carnegie Hall, de Nueva York. Yo me enfadé mucho, pero no es nada nuevo. Se quejan igual en Viena o en Berlín".

Además de Emilio Casares, otros muchos autores han estado registrando ediciones críticas de viejas zarzuelas por encargo del ICCMU. En su caso, es más relevante porque es Casares quien encarga estos trabajos, a través del instituto que dirige. "Sería una inmoralidad que no hiciese ninguna edición crítica", argumenta Casares. "Tengo que hacer alguna porque si no dirían que soy un caradura que no sé hacer ese trabajo".

El objetivo inicial de ese proyecto era recuperar partituras que estaban muy deterioradas. En muchas de esas obras, la versión crítica está más justificada porque el compositor que restaura la partitura tiene que reconstruir, literalmente, algunos fragmentos perdidos cotejando distintas versiones. Sin embargo, tienen menos sentido las ediciones críticas de las obras más famosas de Chapí o Barbieri, que nunca han dejado de interpretarse y cuyas partituras estaban perfectamente conservadas.

Irónicamente, uno de los fundadores de la SGAE, en 1899, fue el maestro Chapí.