El camino

La isla de la que era oriundo Erik el Rojo nos vuelve a decir lo que hay que hacer. Aquí parece que todo está bien. Los dos partidos principales, poder y oposición, tirándose los trastos a la cabeza sin concretar nada e ignorando las exigencias de la calle.

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial los aliados juzgaron a los nazis y muchos de ellos salieron de rositas incorporándose al bando occidental como ocurrió en el caso de Werner von Braun. Otros escaparon a la costa española -en tiempos de Franco Denia era un hervidero- o a Sudamérica. Los rusos eran un poco más expeditivos. Digamos que odiaban los trámites burocráticos. También evitaban el despilfarro injustificado de balas: una soga y un buen árbol. Como en el Far West.

Los rusos de esta crisis están siendo los islandeses. Alguien que vende activos tóxicos a sabiendas de que lo que está colocando es basura sin mezcla no debería pasearse libremente por las calles. Los políticos que han presenciado el proceso como si la cosa no fuera con ellos son cómplices necesarios.

Islandia enjaula a sus banqueros, y puede que también a algún político. El ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde afronta desde hoy un juicio en el que está acusado de negligencia grave por su gestión de la crisis. Los bancos islandeses quebraron en octubre de 2008, el fatídico mes del colapso de Lehman Brothers, y metieron a Islandia en una profunda crisis de la que aún no ha salido, y que ha provocado fuertes subidas de impuestos, un severo recorte del gasto público y un corralito que impide a los islandeses disfrutar con libertad de sus ahorros. El Ejecutivo se vio obligado a pedir ayuda al FMI.

Una cuarta parte de la población echó a la calle para pedir la dimisión de Haarde tras la bancarrota, y el primer ministro presentó su dimisión apenas dos meses después. Los socialdemócratas ganaron las posteriores elecciones. Su imputación llegó el pasado septiembre, con el visto bueno del Parlamento -por un escaso margen-, tras el informe realizado por una comisión de investigación para determinar responsabilidades. La misma comisión ha allanado el camino para juzgar a varios ejecutivos de banca.

Un tribunal especial para procesos que afectan al Gobierno será el encargado de estudiar el caso. Pese a que hoy debe confirmarse la acusación, es probable que el juicio no empiece hasta después del verano. Haarde (el primer líder político en el mundo encausado por la crisis) podría disponer de ese plazo para presentar alegaciones. La fiscalía le acusa de incumplimientos de sus responsabilidades "cometidas desde febrero a principios de octubre de 2008 por negligencia grave", al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los bancos. "Esto será difícil de probar, sobre todo a la luz de lo que se conoce acerca de la crisis bancaria en Islandia y en otros países", aseguró hace unos días Haarde.

"La causa contra el ex primer ministro no prosperará porque se trata de una simple vendetta política", aseguró a este diario Hannes H. Guissurarson, exasesor del Ejecutivo conservador durante unos años en los que Islandia desreguló completamente la banca. El Parlamento exculpó en la misma votación que dio luz verde al encausamiento de Haarde a otros ex altos cargos (un conservador y dos socialdemócratas), en contra del parecer de la comisión investigadora.

El FMI aseguró ayer que la recuperación islandesa "está en camino", y que el Ejecutivo debería mantener los controles de capitales para evitar problemas con la divisa. Tras una caída del PIB del 3,5% en 2010, el FMI espera que Islandia crezca el 2,3% este año.

Mientras se decide en juicio la responsabilidad de la crisis, los islandeses se niegan a devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Lo hicieron en referéndum, el pasado mes de abril. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.