El fiscal rechaza la imputación de la infanta Cristina por falta de indicios

El Estado no logrará ni un euro de los más de 4.000 millones que había requerido para cubrir responsabilidades por el caso Prestige, al no encontrarse a los culpables del naufragio y del vertido sufrido; tampoco pagará nada, porque la decisión de alejar el barco herido no fue imprudente, según la sentencia de la Audiencia de A Coruña. Incapaz de hallar culpable alguno, el tribunal se limita a imponer una corta pena al capitán, Apóstolos Mangouras, por haber tardado en aceptar ser remolcado tras dar la alarma, sin trascendencia respecto a las indemnizaciones.

Llama la atención la enorme desproporción entre los medios empleados —10 años de investigación, 9 meses de juicio— y el resultado alcanzado. “Solo se han probado aspectos adjetivos de lo ocurrido, pero no los sustanciales desde la perspectiva del Derecho Penal”, argumenta el tribunal. Y se explica: se podrían haber investigado mejor algunos extremos, pero “no se ha hecho”; un análisis pericial integral del pecio tendría un coste “inasumible”; y “nadie” sabe con exactitud las causas de lo ocurrido.

Los jueces también ignoran cuál era el destino del petrolero —escriben que podía ser el puerto de Singapur u “otro asiático”—; y el oficial Ireneo Maloto “no ha sido enjuiciado y sigue en situación de rebeldía, pese a facilitarse a la policía datos relativamente fiables sobre su paradero”, por razones que no aclaran. En fin, de la liberación en el océano de 63.000 toneladas de fuel tampoco tiene culpa alguna el Gobierno de la época, cuyo director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, hizo bien en mandar el buque averiado a alta mar, en lugar de traerlo a la costa, según los jueces.

Es evidente que este resultado trae causa, en gran parte, de haber residenciado la investigación en un pequeño juzgado, el de Corcubión, que se vio enfrentado al hundimiento de un petrolero abanderado en las Bahamas, con dueño y operadores logísticos liberianos, asegurador británico, certificado estadounidense y fletado por la firma Crown Resources, de “dudosas” funciones, según el tribunal. Y que, pese a tratarse de un transporte marítimo muy en precario, contaba con todos los permisos burocráticos para hacerlo.

La lección de este resultado judicial —que es recurrible— es que España carece de fuerza para exigir responsabilidades a los que realizan actividades peligrosas para el medio ambiente. La compañía BP tuvo que declararse culpable del vertido en el golfo de México frente a la Administración estadounidense; y el tribunal francés que juzgó el naufragio del petrolero Erika, que contaminó 400 kilómetros de costa, condenó a los responsables de la consiguiente marea negra. Sin embargo, el tribunal del Prestige no encuentra culpables de ensuciar 2.980 kilómetros de litoral. Queda en evidencia que solo los contribuyentes han sufragado la recuperación de la costa y que, en este caso, el que contamina no paga, porque la justicia no averigua de quién se trata.