Pedro Bañón es uno de los 12,4 millones de personas que viven en situación de pobreza en España (según los datos de Eurostat). Él también se ha quedado fuera del sistema. "Este año ya no pueden darte más ayudas, lo hemos agotado todo", le repite cada semana su asistente social.

El recorte a nivel estatal en servicios sociales ha sido de 500 millones de euros entre 2009 y 2012, mientras que el número de personas atendidas por las entidades sociales ha subido de cinco a siete millones, según un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Como consecuencia de esa reducción, personas como Pedro están al borde del abismo. En 2008 la empresa de seguridad en la que trabajaba quebró, y tras agotar el subsidio vivió durante 11 meses con la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda de 300 euros al mes que le concedió la Consejería de Sanidad y Política Social de la región de Murcia. pobreza
Cuando se le acabó esa ayuda, el Ayuntamiento le dio 900 euros dentro de su programa de ayudas de emergencia. Una cantidad con la que tenía que sobrevivir todo un año. Ahora, a la espera de que le concedan de nuevo la RMI, vive gracias a los alimentos que le proporcionan sus vecinos y Cáritas. "Estoy desesperado, hace unos años tenía trabajo y vivía de alquiler. Ahora voy a tener que acudir a un albergue de transeúntes. Esto te pasa de la noche a la mañana", cuenta por teléfono Pedro.

Para la plataforma Alianza española contra la pobreza, que ha convocado este jueves manifestaciones en 40 ciudades españolas con motivo del 'Día mundial por la erradicación de la pobreza', el Ejecutivo de Mariano Rajoy "miente" cuando asegura que no hay dinero para las políticas de bienestar social. "Si persiguen el fraude fiscal y suben los tributos a las grandes empresas y fortunas dispondrán de cuantías suficientes para atender a las personas sin ingresos", defiende Mercedes Ruiz, portavoz de la coordinadora de ONGs.

CARTA ABIERTA A RAJOY

Con el objetivo de que el Gobierno dé un giro a sus políticas, la plataforma ha mandado una carta abierta a Mariano Rajoy y ha registrado en el Congreso de los Diputados un decálogo en el que reclama tres acciones fundamentales: que se apruebe el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), que se persiga el fraude fiscal y que se grave a las grandes fortunas.

"España podría recaudar hasta 5.000 millones de euros con el ITF, mientras que  Europa alcanzaría los 35.000 millones, que podrían ser destinados a políticas sociales que garanticen los derechos de las personas", remarca Mercedes Ruiz basándose en datos hechos públicos desde Bruselas.

El Estado español pierde 90.000 millones de euros al año por el fraude fiscal, cometido en un 72% por grandes empresas y fortunas, según los datos que maneja la plataforma proporcionados por expertos en la Hacienda Pública. "En 2012 aumentó en un 5,4% el número de millonarios y, según Deloitte, España ocupa el décimo puesto en el ranking de países con mayor concentración de riqueza en manos de millonarios", señala Ruiz.

La plataforma denuncia que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 "no se contemplan nuevas medidas para eliminar los paraísos fiscales, para gravar más a los grandes capitales, ni se dota de medios a la inspección fiscal para perseguir a quienes defraudan".

Según los portavoces de las entidades sociales que aglutina la plataforma, unas mil, lo que hace falta es "voluntad política". "Tienen que ponerse en la piel de los excluidos y hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir fondos", remarca Ruiz. Con manifestaciones como la de la tarde de este jueves, estos organismos quieren dar voz a millones de personas que viven silenciadas. Casos como el de Pedro, cuyos mayores confidentes son los trabajadores de las ONGs.