Al hablar de la energía nuclear con los especialistas en el tema, la conversación suele entrar en un callejón sin salida cuando estos afirman que para sostener el nivel de consumo energético actual necesitamos nucleares sí o sí. Además, defienden que utilizando nucleares no se emite CO2 a la atmósfera. Es decir, se considera un mal necesario. Como si Chernóbil y Fukushima fueran un peaje a pagar en nombre del progreso. Por no hablar de los residuos...
Si se consulta el periódico español El Mundo en su edición de hoy podemos contemplar un ejemplo de manipulación de la información de manual. Nuestros inefables amigos de la derechona anuncian la medida de Alemania con el siguiente titular: "La factura eléctrica del usuario alemán subirá un 6% por el apagón nuclear". Está claro qué intereses representan.
Hace escasos días Suiza anunciaba que prescindía del uso de la energía nuclear. Ahora es Alemania quien da el siguiente paso, anunciando el apagón nuclear para dentro de 10 años. Estamos hablando de la superpotencia industrial de la Unión Europea, la gran locomotora económica. Si puede hacerlo Alemania ¿por qué no va poder hacerlo Francia, que cuenta con más de 50 centrales en activo o España, que apenas tiene 8?
Si Alemania renuncia voluntariamente al uso civil de esta clase de energía, ¿cuáles son los argumentos de los pronucleares para mantener su utilización en otros países? ¿No tendría más sentido impulsar la investigación en el uso masivo de un mix de tecnologías renovables y poner en marcha proyectos como el que hace poco presentaba Audi para aprovechar al máximo la energía eólica? Obviamente, todo esto acompañado de una reeducación, racionalización y fuerte reducción del consumo.
Parece que se puede vivir sin nucleares. Otra cosa es si los intereses económicos de los grandes grupos de poder nos van a dejar hacerlo. El ejemplo de Alemania marca el camino.
Merkel ha arrancado a sus socios liberales un acuerdo para fijar en 2021 el apagón nuclear alemán, tal y como había aconsejado la Comisión Ética en su informe definitivo y situándose así a la cabeza de la acometida contra una Bastilla energética que de todas formas iba a ser tomada con o sin la canciller alemana.
Unos 160.000 manifestantes se han lanzado de nuevo este fin de semana a las calles exigiendo la desconexión inmediata de los 17 reactores nucleares alemanes. Merkel ha conseguido el apoyo de todos los líderes regionales de su partido, un hecho que pocos hubiesen vaticinado hace sólo unos meses, para llevar a cabo un abandono acelerado de la energía nuclear. Y también ha salvado los obstáculos de última hora que habían surgido en la coalición con los liberales, que acababan de renovar su directiva y cuyos nuevos líderes deseaban distanciarse de la aventura antinuclear.
A cambio de la renuncia al "corredor temporal" que proponían, la canciller ha incluido una cláusula de escape que permitirá dar marcha atrás al proyecto en caso de crisis energética y ha accedido a dejar dos centrales nucleares en la reserva, en situación de 'stand by'. Ahora falta saber qué han acordado para la financiación del proyecto. Los costes del apagón, según un informe interno del partido de Merkel, la CDU, filtrado a la prensa, ascenderán a 40.000 millones de euros.
Los efectos del apagón
Además del coste que asumirá el Estado, están los que calculan las empresas del sector y que algunas de ellas tratan de contrarrestar a marchas forzadas. RWE, por ejemplo, ha decidido a toda prisa la inversión de 5.000 millones de euros para la construcción de una central nuclear en Seeland, Holanda, a escasos 200 kilómetros de la frontera alemana, para producir desde allí energía atómica con objeto de exportarla hacia Alemania.
Sin este tipo de aportaciones externas, y a pesar de la poderosa inversión que planea inyectar el gobierno alemán en el mercado de las renovables, hay quien cree que Alemania sufrirá, en cuando sigan desconectándose reactores, cortes eléctricos y problemas de suministro. Eso es lo que mantiene Reiner Brüderle, hasta hace unos días ministro de Economía y que acaba de pasar a la reserva del Partido Liberal. El Instituto de Investigación Económica, sin embargo, predice que Alemania se convertirá en líder mundial en renovables y que obtendrá además efectos económicos muy positivos.
Los expertos del DIW calculan que la posición de vanguardia que el apagón nuclear obligará a asumir a este país en nivel tecnológico en energías limpias se traducirá en un aumento adicional del 3% del PIB, tras comprobar que sólo el impulso de la demanda de energías renovables del año pasado generó un volumen de negocio de 35.500 millones de euros, además de la creación de 370.000 empleos.
El consumidor, por su parte, cargará con un aumento del 6% en la factura energética además de un alza del 9% en la emisión de gases de efecto invernadero, que supondrá unos 26 millones de toneladas más al año, debido a que las plantas que producen energía eléctrica a base de gas y carbón tendrían que incrementar su producción para compensar el faltante a causa de la desconexión de las plantas nucleares.
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lunes, 30 de mayo de 2011
lunes, 21 de marzo de 2011
Aquí no pasa nada
Los servicios de información antiterrorista (CNI, Policía y Guardia Civil) han advertido en varias ocasiones al Gobierno de la vulnerabilidad de las centrales nucleares ante un posible ataque terrorista y anticipado que de producirse sería el más "devastador". La seguridad interior de estas instalaciones corresponde a las empresas propietarias, está en manos de compañías privadas y las mejoras de los últimos años son insuficientes y mejorables, según informes de inteligencia remitidos al ejecutivo.
Desde el 11-M el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han reforzado la seguridad de las centrales nucleares para blindarse ante la amenaza yihadista que las sitúa en el centro de la diana terrorista, pero el talón de Aquiles sigue siendo su sistema de seguridad interior. Una debilidad que casi nadie niega y que reconocen los expertos y mandos consultados.
La última demostración de esta vulnerabilidad quedó patente el pasado 15 de febrero cuando activistas de Greenpeace irrumpieron en la central nuclear de Cofrentes (Valencia), subieron a la torre de refrigeración oeste, de 125 metros de altura, y pintaron la frase "peligro nuclear". "Nosotros solo queríamos pintar, pero si hubieran sido terroristas nadie sabe el daño que habrían causado. Quedó en evidencia la falta de seguridad", asegura Carlos Bravo, de 50 años, dirigente de Greenpeace.
Cuatro guardas jurados de la central, propiedad de Iberdrola, y dos perros no lograron impedir que 16 ecologistas vestidos con monos naranjas y cascos sortearan las vallas de seguridad cargando mochilas, escaleras y material de escalada. "Llamé a las 6,32 horas de la mañana a la sala de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para avisar que iban a entrar y que no les confundieran con terroristas, pero en diez minutos ya estaban subidos a la torre", relata Bravo. Greenpeace ha protagonizado asaltos similares en la central de Almaraz (Cáceres), un activista la sobrevoló en parapente sin ser detenido, y en Zorita donde sus activistas desplegaron una pancarta en el cúpula de su reactor.
Fernando Sánchez Gómez, comandante de la Guardia Civil, es el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que coordina y analiza la seguridad en las centrales nucleares. Este organismo creado en 2007 y dependiente del Ministerio del Interior es el que elabora el plan estratégico del sector nuclear y vigila que cada operador privado tenga su propio plan de seguridad. "La seguridad dentro de los recintos corresponde a la empresa privada y la regula el Ministerio de Industria. De las vallas para dentro corresponde a la central. Fuera es nuestra responsabilidad", destaca un portavoz de Interior. "Tenemos que ponernos en el peor escenario y las acciones de Greenpeace demuestran que la seguridad interior de las centrales es insuficiente para proteger una instalación tan delicada", señala un alto mando de la Guardia Civil. En 2004 este servicio asignó 1.682 agentes a un plan de respuesta ante un posible incidente nuclear.
Un cable secreto de la embajada de EE UU en Madrid recogía hace un año otro punto flaco en la seguridad de las centrales nucleares españolas: con su configuración actual "no protegen contra algún trabajador con permisos que quiera organizar un ataque desde dentro de la instalación". La confesión partió de Carlos Torres, consejero para no proliferación del Ministerio de Exteriores, durante una reunión de miembros del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear con representantes de la legación diplomática y según el cable "el Gobierno español cada vez está más preocupado sobre cómo defenderse de esta posibilidad". Torres definió como "buenas" las medidas de seguridad física y relató la campaña que ETA mantuvo entre 1977 y 1982 contra la central nuclear de Lemóniz calificándola de "exitosa" y recordando que "los terroristas consiguieron llegar bastante lejos dentro de la instalación".
Las centrales españolas han reforzado sus sistemas de seguridad física y establecido mayores controles para sus trabajadores, pero solamente la central de Cofrentes cuenta con tarjetas de lectura mediante huella digital. Los trabajadores tienen que superar cuatro controles diferentes: en el primero muestran su tarjeta a los guardias de seguridad, en el segundo pasan el control de huella digital, el tercero es un detector de metales y explosivos y el cuarto una nueva identificación. "En las demás centrales el control es solo físico", asegura un técnico consultado. "Es difícil hacer daño en la parte nuclear. La exclusa por las que se accede a la zona de contención está bloqueada por la sala de control y además hay cámaras que lo graban todo", señala un ingeniero de Tecnatom, la empresa que asiste a las centrales.
El CNI investiga a los trabajadores de las centrales nucleares, en especial a algunos especialistas de origen árabe, pero fuentes de la lucha antiterrorista destacan la dificultad de controlar a un colectivo que agrupa a miles de personas. El servicio de inteligencia siguió con especial inquietud el presunto intento de robo de pastillas de uranio en la planta de Enusa en Juzbado (Salamanca) ocurrido en 2007 y todavía sin aclarar. Junto a la verja exterior de esta fábrica apareció un bote con 70 pastillas de dióxido de uranio enriquecido al 4,5%. La empresa pública asegura que en su inventariado no ha detectado diferencias relevantes. El CSN asegura que estas pastillas no sirven para fabricar armas nucleares.
Desde el 11-M el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han reforzado la seguridad de las centrales nucleares para blindarse ante la amenaza yihadista que las sitúa en el centro de la diana terrorista, pero el talón de Aquiles sigue siendo su sistema de seguridad interior. Una debilidad que casi nadie niega y que reconocen los expertos y mandos consultados.
La última demostración de esta vulnerabilidad quedó patente el pasado 15 de febrero cuando activistas de Greenpeace irrumpieron en la central nuclear de Cofrentes (Valencia), subieron a la torre de refrigeración oeste, de 125 metros de altura, y pintaron la frase "peligro nuclear". "Nosotros solo queríamos pintar, pero si hubieran sido terroristas nadie sabe el daño que habrían causado. Quedó en evidencia la falta de seguridad", asegura Carlos Bravo, de 50 años, dirigente de Greenpeace.
Cuatro guardas jurados de la central, propiedad de Iberdrola, y dos perros no lograron impedir que 16 ecologistas vestidos con monos naranjas y cascos sortearan las vallas de seguridad cargando mochilas, escaleras y material de escalada. "Llamé a las 6,32 horas de la mañana a la sala de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para avisar que iban a entrar y que no les confundieran con terroristas, pero en diez minutos ya estaban subidos a la torre", relata Bravo. Greenpeace ha protagonizado asaltos similares en la central de Almaraz (Cáceres), un activista la sobrevoló en parapente sin ser detenido, y en Zorita donde sus activistas desplegaron una pancarta en el cúpula de su reactor.
Fernando Sánchez Gómez, comandante de la Guardia Civil, es el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que coordina y analiza la seguridad en las centrales nucleares. Este organismo creado en 2007 y dependiente del Ministerio del Interior es el que elabora el plan estratégico del sector nuclear y vigila que cada operador privado tenga su propio plan de seguridad. "La seguridad dentro de los recintos corresponde a la empresa privada y la regula el Ministerio de Industria. De las vallas para dentro corresponde a la central. Fuera es nuestra responsabilidad", destaca un portavoz de Interior. "Tenemos que ponernos en el peor escenario y las acciones de Greenpeace demuestran que la seguridad interior de las centrales es insuficiente para proteger una instalación tan delicada", señala un alto mando de la Guardia Civil. En 2004 este servicio asignó 1.682 agentes a un plan de respuesta ante un posible incidente nuclear.
Un cable secreto de la embajada de EE UU en Madrid recogía hace un año otro punto flaco en la seguridad de las centrales nucleares españolas: con su configuración actual "no protegen contra algún trabajador con permisos que quiera organizar un ataque desde dentro de la instalación". La confesión partió de Carlos Torres, consejero para no proliferación del Ministerio de Exteriores, durante una reunión de miembros del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear con representantes de la legación diplomática y según el cable "el Gobierno español cada vez está más preocupado sobre cómo defenderse de esta posibilidad". Torres definió como "buenas" las medidas de seguridad física y relató la campaña que ETA mantuvo entre 1977 y 1982 contra la central nuclear de Lemóniz calificándola de "exitosa" y recordando que "los terroristas consiguieron llegar bastante lejos dentro de la instalación".
Las centrales españolas han reforzado sus sistemas de seguridad física y establecido mayores controles para sus trabajadores, pero solamente la central de Cofrentes cuenta con tarjetas de lectura mediante huella digital. Los trabajadores tienen que superar cuatro controles diferentes: en el primero muestran su tarjeta a los guardias de seguridad, en el segundo pasan el control de huella digital, el tercero es un detector de metales y explosivos y el cuarto una nueva identificación. "En las demás centrales el control es solo físico", asegura un técnico consultado. "Es difícil hacer daño en la parte nuclear. La exclusa por las que se accede a la zona de contención está bloqueada por la sala de control y además hay cámaras que lo graban todo", señala un ingeniero de Tecnatom, la empresa que asiste a las centrales.
El CNI investiga a los trabajadores de las centrales nucleares, en especial a algunos especialistas de origen árabe, pero fuentes de la lucha antiterrorista destacan la dificultad de controlar a un colectivo que agrupa a miles de personas. El servicio de inteligencia siguió con especial inquietud el presunto intento de robo de pastillas de uranio en la planta de Enusa en Juzbado (Salamanca) ocurrido en 2007 y todavía sin aclarar. Junto a la verja exterior de esta fábrica apareció un bote con 70 pastillas de dióxido de uranio enriquecido al 4,5%. La empresa pública asegura que en su inventariado no ha detectado diferencias relevantes. El CSN asegura que estas pastillas no sirven para fabricar armas nucleares.
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