Aquí no pasa nada

Los servicios de información antiterrorista (CNI, Policía y Guardia Civil) han advertido en varias ocasiones al Gobierno de la vulnerabilidad de las centrales nucleares ante un posible ataque terrorista y anticipado que de producirse sería el más "devastador". La seguridad interior de estas instalaciones corresponde a las empresas propietarias, está en manos de compañías privadas y las mejoras de los últimos años son insuficientes y mejorables, según informes de inteligencia remitidos al ejecutivo.

Desde el 11-M el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han reforzado la seguridad de las centrales nucleares para blindarse ante la amenaza yihadista que las sitúa en el centro de la diana terrorista, pero el talón de Aquiles sigue siendo su sistema de seguridad interior. Una debilidad que casi nadie niega y que reconocen los expertos y mandos consultados.

La última demostración de esta vulnerabilidad quedó patente el pasado 15 de febrero cuando activistas de Greenpeace irrumpieron en la central nuclear de Cofrentes (Valencia), subieron a la torre de refrigeración oeste, de 125 metros de altura, y pintaron la frase "peligro nuclear". "Nosotros solo queríamos pintar, pero si hubieran sido terroristas nadie sabe el daño que habrían causado. Quedó en evidencia la falta de seguridad", asegura Carlos Bravo, de 50 años, dirigente de Greenpeace.

Cuatro guardas jurados de la central, propiedad de Iberdrola, y dos perros no lograron impedir que 16 ecologistas vestidos con monos naranjas y cascos sortearan las vallas de seguridad cargando mochilas, escaleras y material de escalada. "Llamé a las 6,32 horas de la mañana a la sala de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para avisar que iban a entrar y que no les confundieran con terroristas, pero en diez minutos ya estaban subidos a la torre", relata Bravo. Greenpeace ha protagonizado asaltos similares en la central de Almaraz (Cáceres), un activista la sobrevoló en parapente sin ser detenido, y en Zorita donde sus activistas desplegaron una pancarta en el cúpula de su reactor.

Fernando Sánchez Gómez, comandante de la Guardia Civil, es el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que coordina y analiza la seguridad en las centrales nucleares. Este organismo creado en 2007 y dependiente del Ministerio del Interior es el que elabora el plan estratégico del sector nuclear y vigila que cada operador privado tenga su propio plan de seguridad. "La seguridad dentro de los recintos corresponde a la empresa privada y la regula el Ministerio de Industria. De las vallas para dentro corresponde a la central. Fuera es nuestra responsabilidad", destaca un portavoz de Interior. "Tenemos que ponernos en el peor escenario y las acciones de Greenpeace demuestran que la seguridad interior de las centrales es insuficiente para proteger una instalación tan delicada", señala un alto mando de la Guardia Civil. En 2004 este servicio asignó 1.682 agentes a un plan de respuesta ante un posible incidente nuclear.

Un cable secreto de la embajada de EE UU en Madrid recogía hace un año otro punto flaco en la seguridad de las centrales nucleares españolas: con su configuración actual "no protegen contra algún trabajador con permisos que quiera organizar un ataque desde dentro de la instalación". La confesión partió de Carlos Torres, consejero para no proliferación del Ministerio de Exteriores, durante una reunión de miembros del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear con representantes de la legación diplomática y según el cable "el Gobierno español cada vez está más preocupado sobre cómo defenderse de esta posibilidad". Torres definió como "buenas" las medidas de seguridad física y relató la campaña que ETA mantuvo entre 1977 y 1982 contra la central nuclear de Lemóniz calificándola de "exitosa" y recordando que "los terroristas consiguieron llegar bastante lejos dentro de la instalación".

Las centrales españolas han reforzado sus sistemas de seguridad física y establecido mayores controles para sus trabajadores, pero solamente la central de Cofrentes cuenta con tarjetas de lectura mediante huella digital. Los trabajadores tienen que superar cuatro controles diferentes: en el primero muestran su tarjeta a los guardias de seguridad, en el segundo pasan el control de huella digital, el tercero es un detector de metales y explosivos y el cuarto una nueva identificación. "En las demás centrales el control es solo físico", asegura un técnico consultado. "Es difícil hacer daño en la parte nuclear. La exclusa por las que se accede a la zona de contención está bloqueada por la sala de control y además hay cámaras que lo graban todo", señala un ingeniero de Tecnatom, la empresa que asiste a las centrales.

El CNI investiga a los trabajadores de las centrales nucleares, en especial a algunos especialistas de origen árabe, pero fuentes de la lucha antiterrorista destacan la dificultad de controlar a un colectivo que agrupa a miles de personas. El servicio de inteligencia siguió con especial inquietud el presunto intento de robo de pastillas de uranio en la planta de Enusa en Juzbado (Salamanca) ocurrido en 2007 y todavía sin aclarar. Junto a la verja exterior de esta fábrica apareció un bote con 70 pastillas de dióxido de uranio enriquecido al 4,5%. La empresa pública asegura que en su inventariado no ha detectado diferencias relevantes. El CSN asegura que estas pastillas no sirven para fabricar armas nucleares.