El futuro de la energía

En el futuro, el suministro energético mundial dependerá de las energías renovables. La afirmación es tan cierta como imprecisa. Más cierta, si cabe, tras el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón. Pero nadie, ningún experto, ningún Gobierno, sabe cuánto tiempo va a llevar sustituir la energía nuclear y los combustibles fósiles -cada vez más caros, cada vez más escasos y siempre contaminantes- por energías limpias. Eso sí, nadie duda de que va a suceder. Porque los pasos en esa dirección se suceden. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha aprobado que en 2020 el 20% de la energía consumida sea limpia, renovable. Ello supone que, en el caso de la producción eléctrica, en torno al 40% de la generación provenga de los parques eólicos (on shore y off shore), las presas hidráulicas, los parques fotovoltaicos y las instalaciones termosolares, principalmente.

También la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe World Energy Outlook 2010 empuja en esa dirección. Evitar el calentamiento global peligroso, en el horizonte de 2030, sostiene, requerirá mejorar en un 60% la eficiencia en el uso final de la energía; alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo; mantener un 10% de energía nuclear y lograr un 10% en la captura y secuestro de carbono.

En este contexto, la alerta nuclear decretada en Japón, tras el terromoto de magnitud 9 y el posterior tsunami que destrozó la central nuclear de Fukushima, no ha hecho sino reforzar la idea de que el futuro será energéticamente limpio o no será. La energía nuclear, de gran relevancia en muchos países desarrollados (en España aporta en torno al 19% de la producción eléctrica), ha demostrado, pese a que muchos lo suavizan, que es vulnerable. Puede convertirse en el no problem más grande de la historia, según la frase de los años cincuenta atribuida a un experto estadounidense y referida a los residuos que genera.

El responsable de la Fundación Renovables, Javier García Breva, lo resume así: "No se puede asumir la maduración de una tecnología, como la nuclear, a base de desastres", dice. Así pues, habrá parón nuclear.

Sin duda, es la hora de las renovables. Es un hecho que pone a todos los Gobiernos, a las empresas y a los partidos políticos en una encrucijada. Porque como la industria nuclear asumió en los años ochenta, "un accidente en una central nuclear en cualquier país es un accidente en todos los países".

En el caso de España, con un tercio de la producción eléctrica de origen renovable, esa encrucijada es especialmente evidente. Las miradas se vuelven hacia las energías limpias justo cuando el Gobierno ha decidido recortar las subvenciones a las renovables para sujetar el llamado déficit tarifario eléctrico, camino de los 20.000 millones. Sucede justo también cuando la presión de las grandes empresas energéticas había logrado eliminar, mediante una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, cualquier referencia a los 40 años como límite de la vida útil de las centrales nucleares.

Al Gobierno español, como a algunas empresas, la alarma nuclear en Japón le ha pillado con el paso cambiado. Apenas unos meses atrás (diciembre de 2010), el Ejecutivo, en un gesto de ajuste a la realidad, había decidido recortar costes por decreto en el sector eléctrico. En una decisión muy discutida, incluso por Bruselas, el Ministerio de Industria recortó un 30% las primas a los huertos solares para ahorrar 2.220 millones de euros en tres años. Además, estableció un nuevo peaje para las empresas generadoras de 0,5 euros por megavatio-hora producido y extendió medio año, hasta 2013, el llamado bono social, cuyo coste -150 millones- asumen las compañías eléctricas para no subir la luz a los colectivos más desfavorecidos.

El decreto, contrastado, tamizado, discutido y aceptado con y por el sector, preveía también que las empresas costearan, con 670 millones en tres años, el desarrollo de los planes de ahorro y eficiencia energética que hasta ahora se apoyaban en la tarifa eléctrica. A la luz de lo sucedido tras el terremoto en Japón, todo parece un tanto irreal. De pronto, lo que parecía caro y prescindible, adquiere importancia. Y lo que parecía indiscutible y asentado, pierde posiciones. El ministro de Industria, Miguel Sebastián fue muy claro ayer mismo: "Si las centrales nucleares no superan las pruebas habrá que prescindir de su actividad", dijo al término de una reunión extraordinaria de responsables de Energía de la UE.

Tras el desastre de Fukushima, la decisión de Alemania de desconectar las siete centrales nucleares más antiguas del paísy la paralización del programa nuclear chino ha llevado a muchos analistas a considerar la posibilidad de que se produzca un parón nuclear en toda regla. Si se produce, tendrá lugar en el momento en que la industria atómica preparaba su despegue. Pero está por ver. También con ocasión del gran vertido de petróleo de BP frente a las costas de EE UU se habló de un antes y después de la industria del petróleo.

En España, los documentos del Foro Nuclear, la asociación que agrupa a las empresas que operan en el sector, habían calificado el periodo 2000-2030 como el de la "reintroducción y consolidación" de la industria. Una reintroducción necesaria tras lo sucedido en Estados Unidos en 1979 (accidente de Three Miles Island) que dio lugar, según los documentos del Foro Nuclear, a una etapa de "radiofobia social y estancamiento" acentuada por la explosión de la central de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Las grandes empresas eléctricas españolas operan seis centrales nucleares, todas ellas en la península. Dos plantas disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman ocho reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe. Con ese parque, las dos compañías de mayor tamaño, Endesa (propiedad del grupo italiano Enel) e Iberdrola, han tomado posiciones en lo que todavía suponen que será una gran negocio: el desarrollo nuclear. Endesa comunicó, hace apenas unos días, la firma de un acuerdo con la compañía estadounidense Westinghouse (fabricante de la mitad de los reactores en funcionamiento en el mundo) para entrenar y formar personal ante posibles nuevos proyectos nucleares. Proyectos, recogía expresamente el comunicado, que podrían extenderse también a España. Iberdrola, por su parte, tiene también tomadas posiciones en los planes del Gobierno de Reino Unido para construir nuevas plantas.

En España, la presión solo ha llegado, de momento, a la eliminación de los 40 años como límite de funcionamiento de una central y al cuestionamiento del cierre de la central de Garoña en 2013. Por supuesto, todas las demandas del sector tienen el respaldo de lo que el Foro Nuclear define como "instituciones internacionales relevantes". De la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la Agencia Internacional de la Energía, pasando por la OCDE, existen toda clase de informes y documentos en los que se aconseja a los Gobiernos integrar la energía nuclear en sus parques de generación. Todo eso está ahora en cuestión. La seguridad de las centrales nucleares se va a revisar en todos los países mientras el mundo aguanta la respiración ante cada nueva vaharada en la central japonesa.

Hay mucha desconfianza ante una industria que, aunque ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años por aparecer como más transparente, aún da para narrar detalles curiosos. Dos ejemplos: los residuos nucleares se contabilizan como "bultos" y las estadísticas sobre radiación de los trabajadores de las centrales se publican y comparan como dosis "colectivas". Los "bultos" radiactivos, de los que en España se produjeron 3.914 en 2009, se definen por la industria como "embalajes con su contenido radiactivo, tal y como se presentan para su transporte y almacenamiento". Las llamadas dosis "colectivas", por su parte, son "dosis efectivas, equivalentes o comprometidas que recibe el conjunto [de empleados]. Se mide en sv-persona (sievert, unidad de radiación) y se obtiene sumando las dosis recibidas por cada uno de los miembros del conjunto".

A la industria nuclear, señalan los organizaciones ecologistas, antinucleares y las asociaciones de renovables, le queda mucho camino que recorrer para explicar su actividad, su rentabilidad económica y social y sus verdaderos costes. "Lo que habría que destacar", señala García Breva, "es que en España, por mucho que se diga, sobra capacidad de generación y podría plantearse, sin ningún problema, el cierre programado de las centrales". Los datos en los que basa sus afirmaciones son rotundos: la punta de demanda registrada en España ronda los 44.000 Megavatios, mientras que la potencia instalada supera los 100.000 Megavatios.

Tanto para García Breva, como para el exdirector de Greenpeace España, Juan López de Uralde (fundador de Equo), el futuro solo puede ser renovable. López de Uralde, en los foros en los que participa, sostiene que "el coste de un modelo energético 100% renovable no sería superior al de un modelo convencional". Puede parecer una utopía, pero el planteamiento de un modelo renovable 100% cuenta con el apoyo y el respaldo de estudios como los del Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad de Comillas -Modelo 100% renovable para el Sistema Eléctrico Español-; documentos de la Fundación Ideas (vinculada al PSOE) e informes como los elaborados por el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama).

El debate se calienta mientras sube el precio del gas y del carbón; las empresas con activos renovables suben en Bolsa; baja el precio del uranio y aumenta la volatilidad en el mercado del crudo. Apuntando a las nucleares, desde la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se destaca: "Si todas las energías internalizaran sus costes externos, las renovables competiríamos con ventaja en el mercado". Mientras el debate se despeja, se puede trabajar en mejorar lo que existe. Es la receta que viene defendiendo Red Eléctrica de España (REE): iniciativas para mejorar la gestión de la demanda, lograr un consumo más eficiente y flexibilizar la demanda. ¿Cómo? Más bombeo (almacenamiento de agua), más interconexiones y más coche eléctrico.